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"Los veterinarios no dan abasto después de las fiestas navideñas. Las protectoras estiman que al menos uno de cada diez perros de raza que se han regalado por estas fechas padece ahora diarreas, vómitos, fiebre y otras enfermedades incubadas durante la cría y el transporte de los cachorros, importados de países del Este. Muchos morirán.
Reclamar a las tiendas es frustrante. A lo sumo, el vendedor suele ofrecer al comprador insatisfecho la posibilidad de cambiar a su mascota por otra, como si fuera un electrodoméstico defectuoso.
Si se tiene en cuenta que estos perros cuestan unos 50 euros en el país de origen y se venden en España por precios que multiplican por diez y hasta por veinte ese valor, la tienda nunca pierde dinero por muchos cachorros que tenga que cambiar. Y además, los clientes, ya encariñados con sus cachorros, rara vez aceptan ese trueque.
Es un negocio suculento, pues en España seis de cada diez familias conviven con un animal doméstico y el 35% lo compra en tiendas, mientras que solo un 20% lo adopta en perreras, un 10% acude a criadores selectos y el resto se ventila entre particulares. Hungría, Eslovaquia y Chequia se han convertido en fábricas de producir cachorros de raza destinados al mercado español. Allí están ubicadas las más descomunales puppy mills (granjas de mascotas) europeas. A las hembras se las encierra en jaulas donde enlazan una preñez con la siguiente. Se cruzan ejemplares de la misma familia (padres con hijos, hermanos). Un incesto canino de proporciones industriales Cuando una raza se pone de moda, van a saco. Esta temporada se llevan los carlinos, los beagles y los frenchies (bulldog francés). Los cachorros, en ocasiones con microchips piratas, son transportados en camiones y en unas condiciones que ni los barcos negreros. Muchos llegan enfermos a las tiendas o desarrollarán enfermedades hereditarias a los pocos meses por culpa de la consanguinidad. Se venden por 500, 600 y hasta 1.200 euros cuando cuestan 50.
Los criadores responsables llaman con desprecio a esta industria al por mayor la maldición de los juntaperros, cuya falta de escrúpulos condena al sufrimiento a miles de animales y a sus descendientes. Y pone a los dueños en situaciones de enorme angustia y estrés emocional.
Es un negocio suculento, pues en España seis de cada diez familias conviven con un animal doméstico y el 35% lo compra en tiendas, mientras que solo un 20% lo adopta en perreras, un 10% acude a criadores selectos y el resto se ventila entre particulares. Hungría, Eslovaquia y Chequia se han convertido en fábricas de producir cachorros de raza destinados al mercado español. Allí están ubicadas las más descomunales puppy mills (granjas de mascotas) europeas. A las hembras se las encierra en jaulas donde enlazan una preñez con la siguiente. Se cruzan ejemplares de la misma familia (padres con hijos, hermanos). Un incesto canino de proporciones industriales Cuando una raza se pone de moda, van a saco. Esta temporada se llevan los carlinos, los beagles y los frenchies (bulldog francés). Los cachorros, en ocasiones con microchips piratas, son transportados en camiones y en unas condiciones que ni los barcos negreros. Muchos llegan enfermos a las tiendas o desarrollarán enfermedades hereditarias a los pocos meses por culpa de la consanguinidad. Se venden por 500, 600 y hasta 1.200 euros cuando cuestan 50.
Los criadores responsables llaman con desprecio a esta industria al por mayor la maldición de los juntaperros, cuya falta de escrúpulos condena al sufrimiento a miles de animales y a sus descendientes. Y pone a los dueños en situaciones de enorme angustia y estrés emocional.
Un criador que haga las cosas bien saca una camada al año y procura que solo críen los mejores ejemplares. "El pedigrí no es un árbol genealógico para conocer a los parientes de sangre azul, sino una garantía de características físicas y psíquicas, y de ausencia de taras genéticas. El problema es que en España se nos antoja una raza y la compramos en el primer sitio que se nos ocurre", advierten en las protectoras, que estiman que el volumen anual del tráfico de mascotas del Este supera los 45.000 cachorros y que tres de cada diez mueren durante el trayecto, enfermos, extenuados, sedientos y cubiertos de parásitos, heces y orines. Los que sobreviven pueden llegar con moquillo o parvovirus y mucho no han sido vacunados contra la rabia.
Los juntaperros no son exclusivos de Europa oriental. Hace unos meses, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil desmanteló un criadero clandestino en Murcia e inmovilizó un total de 220 perros de raza. El establecimiento había distribuido al menos un millar de mascotas a toda España, incluidos de razas potencialmente peligrosas cuyo comercio está restringido, como el dogo argentino y el rottweiller. También fueron decomisados más de mil pasaportes de sanidad canina expedidos en Eslovaquia. Lo de los pasaportes es solo un truco más en un negocio donde la picaresca está a la orden del día y se piratean los chips de identificación y hasta los pedigrís. El descontrol de las ventas por internet contribuye a enrarecer el panorama.
En los macrocriaderos del este de Europa, los cachorros son separados de su madre con un mes de vida. Con esa edad no se pueden vacunar, así que falsifican las cartillas veterinarias poniendo una edad mayor para poder venderlos en España. Esta separación temprana tiene otro efecto perverso: la falta de socialización, pues no han tenido contacto suficiente con su madre y hermanos. Los que sobrevivan pasarán su infancia en un escaparate. En el futuro pueden ser perros problemáticos. Y las modas pasan. Los hoy cotizados bulldogs empezarán a ser abandonados este verano, coincidiendo con las vacaciones. Y convivirán en las perreras con razas de las que ya nadie se encapricha, como el husky siberiano o el cocker spaniel. Y también con otras con gran predicamento, como el golden y el labrador, pero ya se ven tantos por la calle que han perdido glamour, víctimas colaterales de la producción a destajo.
Los juntaperros no son exclusivos de Europa oriental. Hace unos meses, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil desmanteló un criadero clandestino en Murcia e inmovilizó un total de 220 perros de raza. El establecimiento había distribuido al menos un millar de mascotas a toda España, incluidos de razas potencialmente peligrosas cuyo comercio está restringido, como el dogo argentino y el rottweiller. También fueron decomisados más de mil pasaportes de sanidad canina expedidos en Eslovaquia. Lo de los pasaportes es solo un truco más en un negocio donde la picaresca está a la orden del día y se piratean los chips de identificación y hasta los pedigrís. El descontrol de las ventas por internet contribuye a enrarecer el panorama.
En los macrocriaderos del este de Europa, los cachorros son separados de su madre con un mes de vida. Con esa edad no se pueden vacunar, así que falsifican las cartillas veterinarias poniendo una edad mayor para poder venderlos en España. Esta separación temprana tiene otro efecto perverso: la falta de socialización, pues no han tenido contacto suficiente con su madre y hermanos. Los que sobrevivan pasarán su infancia en un escaparate. En el futuro pueden ser perros problemáticos. Y las modas pasan. Los hoy cotizados bulldogs empezarán a ser abandonados este verano, coincidiendo con las vacaciones. Y convivirán en las perreras con razas de las que ya nadie se encapricha, como el husky siberiano o el cocker spaniel. Y también con otras con gran predicamento, como el golden y el labrador, pero ya se ven tantos por la calle que han perdido glamour, víctimas colaterales de la producción a destajo.
RECOMENDACIONES :DÓNDE ACUDIR SI LE VENDEN UN PERRO ENFERMO
"Lo mejor es ir al juzgado y presentar una denuncia por estafa". Así de contundente es Matilde Cubillo, presidenta de Amnistía Animal de Madrid y experta en legislación sobre protección animal. "Todo el mundo se lava las manos porque la legislación varía de una comunidad autónoma, y las leyes europeas tiene lagunas en el tema del transporte de animales, por eso hay que ir a por todas". Por lo general, comerciantes y clientes suelen llegar a un acuerdo amistoso. Si no, habrá que pedir la hoja de reclamaciones. Pero no es vinculante. Tampoco el arbitraje de consumo. Entre las herramientas jurídicas, la ley de protección y defensa de los animales de compañía dicta que los establecimientos deberán vender a los animales "libres de toda enfermedad". Y la existencia de un servicio veterinario dependiente del establecimiento (práctica muy extendida entre las tiendas españolas) que otorgue certificados de salud, "no eximirá al vendedor de responsabilidad ante enfermedades en incubación no detectadas en el momento de la venta". Además, el artículo 1484 del Código Civil estipula que "el vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella".
"Lo mejor es ir al juzgado y presentar una denuncia por estafa". Así de contundente es Matilde Cubillo, presidenta de Amnistía Animal de Madrid y experta en legislación sobre protección animal. "Todo el mundo se lava las manos porque la legislación varía de una comunidad autónoma, y las leyes europeas tiene lagunas en el tema del transporte de animales, por eso hay que ir a por todas". Por lo general, comerciantes y clientes suelen llegar a un acuerdo amistoso. Si no, habrá que pedir la hoja de reclamaciones. Pero no es vinculante. Tampoco el arbitraje de consumo. Entre las herramientas jurídicas, la ley de protección y defensa de los animales de compañía dicta que los establecimientos deberán vender a los animales "libres de toda enfermedad". Y la existencia de un servicio veterinario dependiente del establecimiento (práctica muy extendida entre las tiendas españolas) que otorgue certificados de salud, "no eximirá al vendedor de responsabilidad ante enfermedades en incubación no detectadas en el momento de la venta". Además, el artículo 1484 del Código Civil estipula que "el vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella".
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